Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025
La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, enfrenta nuevamente presiones por parte del gobierno federal, tras el anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre la retención de fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en varios estados, incluido Kansas. Esta decisión se produce en medio de una disputa que lleva meses en torno a la solicitud de datos personales de miles de beneficiarios del programa.
La controversia se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre la administración Trump y al menos 22 estados administrados por demócratas, que han desestimado el requerimiento federal al considerarlo ilegal, invasivo y en contra de las protecciones de privacidad.
¿Qué exige el USDA y por qué los estados se niegan?
Desde febrero, el USDA ha solicitado a todos los estados la entrega de información personal detallada de los beneficiarios de SNAP, argumentando que el objetivo es identificar a ciudadanos estadounidenses que reciben beneficios sin tener derecho a ellos.
Los estados involucrados, incluyendo Kansas, han sostenido que esta solicitud no cuenta con respaldo legal, invade la privacidad de los residentes y podría poner en riesgo protecciones constitucionales. Para estas administraciones, cumplir con la orden federal podría sentar un precedente peligroso en la gestión de programas sociales.
En una respuesta contundente, el gobierno federal ha anunciado que retendrá fondos administrativos de SNAP, una medida que podría complicar la operación de los programas de asistencia alimentaria en Kansas, sobre todo en áreas rurales o de alta pobreza.
Kelly: “No tengo ningún interés en que la gente pase hambre”
Ante el anuncio del USDA, la gobernadora Kelly dejó claro que no cederá ante las presiones para entregar datos privados de los residentes. “No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, manifestó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Estoy en una situación difícil. Debo proteger la privacidad de las personas y también debo proteger su mesa de comedor”.
La gobernadora está trabajando con su equipo legal para evaluar los siguientes pasos, lo que sugiere que Kansas podría volver a demandar ante cortes federales.
Un conflicto que no es nuevo
Este no es el primer enfrentamiento entre la administración Trump y Kansas por la negativa a entregar información de beneficiarios de SNAP. En septiembre, el USDA notificó al estado que podría retirar más de $10 millones en fondos relacionados con el programa. Aunque esta acción no se concretó debido a que la gobernadora apeló la decisión, llevando el caso a los tribunales, el anuncio reciente indica que la administración federal está dispuesta a reactivar el conflicto.
Los analistas advierten que, si se llevan a cabo los recortes, miles de familias pueden experimentar demoras en la distribución de beneficios, ya que los fondos administrativos son esenciales para el personal, los sistemas, la verificación de elegibilidad y otros componentes operativos claves.
¿Qué está en juego para Kansas?
El programa SNAP es crucial para miles de hogares en el estado. Aunque los beneficios directos para alimentos no están en riesgo, la suspensión de los fondos administrativos podría resultar en:
- Menos personal para procesar solicitudes
- Retrasos en la verificación de casos
- Tiempos de espera más largos
- Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de ayuda
Además, las organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre puede desincentivar a familias elegibles a solicitar beneficios por temor a la exposición de datos o cambios en los requisitos.
Un debate nacional sobre privacidad y elegibilidad
El conflicto en Kansas forma parte de una discusión más amplia sobre la gestión de datos sensibles en programas sociales. Los gobiernos locales temen que la entrega de listas con información personal de beneficiarios se utilice para fines no relacionados con SNAP o en medidas punitivas contra poblaciones vulnerables.
Para la administración Trump, la transparencia es esencial para detectar abusos dentro del programa. Sin embargo, para los estados, la exigencia federal sobrepasa la autoridad del USDA y plantea riesgos legales y éticos.
¿Qué sigue?
Kelly ha reiterado su compromiso de proteger la privacidad de los residentes mientras asegura que las familias continúen accediendo a la asistencia alimentaria. Su equipo legal está considerando opciones que incluyen nuevas apelaciones y potenciales demandas.
Por ahora, Kansas sigue formando parte de los 22 estados que se oponen a las demandas federales, mientras el gobierno federal evalúa la manera y el cronograma para imponer recortes. El impacto final dependerá de las decisiones judiciales y de la respuesta colectiva de los estados afectados.
Es evidente que miles de familias en Kansas dependen de SNAP para satisfacer sus necesidades alimentarias, y cualquier interrupción es un riesgo significativo para la seguridad alimentaria en la región.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
4 Dec, 2025
