César Duarte enfrenta un nuevo proceso federal por lavado de dinero en Chihuahua

CHIHUAHUA, México – El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, vuelve a ser objeto de la justicia mexicana a través de un nuevo proceso federal que intensifica la presión sobre su ya complicada situación judicial. Duarte fue arrestado el 8 de diciembre en la capital del estado tras la ejecución de una orden de aprehensión federal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se basa en acusaciones de lavado de dinero, un cargo distinto al que motivó su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR confirmó que esta acción legal se fundamenta en una orden que fue emitida en mayo de 2024 y que se ha implementado ahora, tras recibir aprobación para llevarlo ante la justicia por un nuevo cargo.

La acusación federal establece que Duarte está vinculado a presuntos actos de lavado de dinero y desvío de recursos. En un comunicado anterior, el exsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó que los señalamientos son por “delitos muy específicos, como lavado de dinero o desvío de recursos”. El gobierno federal sostiene que esta nueva imputación se deriva de nuevos poderes que han sido otorgados a la FGR tras las consultas diplomáticas relacionadas con el proceso de extradición.

Duarte ya había enfrentado una detención previa en Estados Unidos. Fue arrestado por primera vez en Miami en 2020 y luego extraditado a México en 2022 para responder a cargos estatales de peculado y asociación delictuosa. Desde entonces, su frecuencia en los procesos judiciales ha disminuido con el tiempo. Su equipo legal afirma que ha cerrado 20 de 21 causas penales en Chihuahua, además de múltiples procedimientos administrativos.

A pesar de esto, Duarte sigue siendo objeto de investigación estatal y la reciente acusación federal añade una nueva capa a su proceso legal. “Aún está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua,” comentó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha actuado como su portavoz principal en este proceso.

La defensa de Duarte alega que la acción de la Fiscalía infringe la regla de especialidad en materia de extradición, la cual establece que una persona extraditada solo puede ser procesada por los cargos que fueron aprobados por el país que concedió su extradición. “No tiene sentido porque no se ha demostrado lo primero, así que si no se puede probar lo primero, no pueden acusar de lo segundo,” argumentó Mendoza, insistiendo en que no se pueden llevar a cabo nuevas investigaciones sin resolver primero los cargos iniciales.

La llegada de Ernestina Godoy como cabeza de la FGR marcó un punto de inflexión en el devenir jurídico del caso. Desde su nombramiento, la FGR ha obtenido la autorización para iniciar el proceso federal y hacer cumplir la orden más reciente. La defensa sostiene que esto podría representar un riesgo de doble juicio, ya que los hechos ya habrían sido evaluados previamente. “El juez de control indica que debería haber una necesidad de detenerlo para obtener el permiso, lo cual es una clara barbaridad,” declaró el abogado, fortaleciendo su interpretación legal.

Su equipo legal asevera que esta nueva imputación es equivalente a reabrir situaciones procesales que ya se habían cerrado o estaban casi agotadas. Aun así, argumentan que no existe riesgo de fuga, y que su cliente siempre ha colaborado con las autoridades. De manera firme, el abogado anticipó que Duarte se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.

Mientras el caso avanza, Duarte sigue recluido en el penal federal de El Altiplano, una de las prisiones más seguras del país. Su defensa busca que el exmandatario pueda enfrentar el proceso en libertad, aduciendo además complicaciones médicas, incluyendo antecedentes cardíacos y cirugías recientes.

Con nuevas audiencias a la vista, el equipo legal subraya que el proceso no debería politizarse. “No debemos dejar que las personas sean objeto de un botín político, sino que debemos atender todas las situaciones de injusticia, porque donde no hay justicia, no hay paz,” concluyó Mendoza, subrayando que el caso de Duarte representa un reto a los principios judiciales que, consideran, deberían prevalecer en el país.