La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas en México ha encendido alarmas en el sector agrícola y ha puesto en el punto de mira a ciudades como Tijuana. La disponibilidad de agua en esta ciudad depende en gran medida de los recursos del Distrito de Riego 014 de Mexicali. Mientras el debate nacional se centra en los productores agrícolas, los efectos podrían impactar a toda la costa de Baja California, donde millones de personas dependen del acueducto del Río Colorado para abastecerse.
Tijuana consume 140 millones de metros cúbicos de agua al año, aunque solo tiene un suministro directo de 80 millones del Río Colorado. La diferencia, que representa casi la mitad de su consumo total, debe ser comprada a agricultores del Valle de Mexicali, quienes transfieren parte de su cuota a través del mencionado Distrito de Riego 014.
El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jesús García Castro, detalla la situación actual:
“Es agua que se recibe pero cuando se recibe ustedes saben es agua que no está regularizada y la regularización o la legalización es a través de estos distritos de riego o de los ejidatarios.”
La “regularización” que se encuentra en juego está en peligro debido a la nueva ley, que restringe o incluso prohíbe la venta o cesión privada de derechos de agua. Esta práctica ha permitido a Tijuana equilibrar su déficit hídrico durante años.
Desde el gobierno, la reforma se presenta como una medida para priorizar a las ciudades con mayores necesidades, fortalecer el acceso al agua para el consumo humano y mejorar la sustentabilidad del sistema hidráulico.
García Castro señala:
“Estas modificaciones a la ley federal son para apoyar a las grandes ciudades y a las grandes necesidades que se viven en esta ciudad que son semidesérticas, por lo pronto no tenemos agua, digo agua propia.”
Teóricamente, la ley debería beneficiar a ciudades como Tijuana, que carecen de fuentes locales suficientes. Sin embargo, en la práctica, la transición es incierta. La ciudad actualmente depende de un esquema que la nueva legislación podría volver obsoleto.
La pregunta se vuelve apremiante: si ya no pueden comprarse derechos al Distrito de Riego 014, ¿cómo cumplirá Tijuana con su demanda anual?
Mientras la incertidumbre se cierne sobre las ciudades, la preocupación es palpable en el campo. Agricultores de la región advierten que los cambios podrían limitar su acceso al agua o encarecerlo, agravando una situación ya delicada.
El productor de frutos rojos, Luis Ernesto Guevara, resumió la situación con cifras contundentes:
“Cuando llegó a San Quintín eran 20 mil hectáreas sembradas, 28 mil, y ahora debe haber arribita de 6 mil, y eso es por agua, exclusivamente por problemas de agua.”
La drástica reducción de la superficie cultivada es un reflejo del temor de que una regulación más estricta compliqué aún más las operaciones agrícolas en regiones con escasez de agua.
La controversia por el futuro del agua ha llevado incluso a manifestaciones. En Mexicali, productores agrícolas bloquearon la aduana como medida de presión, aunque se comprometieron a levantar el bloqueo temporalmente mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.
Este conflicto no es solo una cuestión legal, sino un cambio profundo en la relación entre campo y ciudad en una región donde el agua es un recurso limitado.
La nueva Ley de Agua está reconfigurando el equilibrio entre la zona agrícola del valle y las ciudades costeras. Para Tijuana, el desafío es monumental: asegurar su futuro hídrico sin el mecanismo de compra de derechos que ha sostenido su suministro por décadas.
Para los agricultores, el reto es igualmente significativo: garantizar un acceso suficiente a un recurso que ya limita su producción.
El desenlace sigue siendo incierto, pero es evidente que esta reforma transformará no solo la gestión del agua, sino también la vida diaria de millones de personas en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
9 Dec, 2025
