Por Karen Gutiérrez, Univision
Denver, Colorado — 17 de diciembre de 2025
Una jueza federal en Colorado ha ordenado a las autoridades migratorias y al Departamento de Justicia llevar a cabo una audiencia de fianza para la activista migrante Jeanette Vizguerra, quien ha estado detenida desde marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión judicial representa un avance crucial en un caso que ha generado protestas, ha captado atención nacional y ha suscitado cuestionamientos sobre la duración y las condiciones de su detención.
La orden fue emitida el miércoles por un tribunal federal en Denver, el cual ha concedido al gobierno hasta el 24 de diciembre para presentar a Vizguerra ante un juez de inmigración imparcial. Posteriormente, sus abogados informaron que la audiencia ha sido programada para la mañana del viernes.
La orden judicial y sus implicaciones
En su fallo, la jueza indicó que Vizguerra debe ser presentada “ante un juez de inmigración imparcial para una audiencia de fianza constitucionalmente adecuada”, en la cual el gobierno deberá demostrar, con evidencias claras y convincentes, que ella representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad que justifique su detención continua.
El tribunal concluyó que, aunque la detención eventualmente terminará, “ese punto probablemente esté a muchos meses o incluso años de distancia”. La orden también enfatizó que Vizguerra ha estado detenida desde el 17 de marzo de 2025, por lo cual su periodo de detención ya excede los seis meses que se consideran razonablemente aceptables.
Condiciones de detención bajo examen
La jueza también tomó en cuenta las condiciones del centro donde se encuentra detenida Vizguerra. Según el fallo, las alegaciones fácticas presentadas por su defensa —que el gobierno no ha disputado— indican que las condiciones del Centro de Detención por Contrato de Aurora “se asemejan al encarcelamiento criminal”.
Vizguerra y sus seguidores marcaron esta semana su noveno mes en esa instalación operada por GEO Group en Aurora, un hecho que ha intensificado las críticas de activistas y organizaciones de derechos civiles.
La reacción de Vizguerra
En una declaración redactada, Vizguerra compartió su experiencia cuando se enteró de la decisión judicial.
“Estaba rezando para que Dios me ayudara a seguir creyendo y a tener fe cuando un guardia me susurró al oído que mi abogada había llamado y que necesitaba devolverle la llamada”, comentó. “La audiencia de fianza es una respuesta a mi oración”.
Vizguerra es madre de cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Estados Unidos. Su detención ha desatado protestas y llamados públicos para su liberación, especialmente en la comunidad inmigrante de Colorado.
La postura del gobierno federal
Un portavoz de ICE afirmó previamente que Vizguerra tiene una orden final de deportación emitida por un juez federal de inmigración y que ingresó al país sin autorización cerca de El Paso, Texas, el 24 de diciembre de 1997. Según esa versión, ha recibido el debido proceso legal en los tribunales migratorios.
En documentos judiciales anteriores, abogados del gobierno argumentaron que, dado que Vizguerra no posee un estatus legal en el país y ya está sujeta a una orden de expulsión, su alegato de represalias bajo la Primera Enmienda no es procedente.
Alegatos de represalia y nuevos argumentos legales
Vizguerra y su equipo legal sostienen que su detención ha sido una represalia por su activismo y sus críticas públicas a la política migratoria estadounidense. La jueza indicó que el reclamo basado en la Primera Enmienda sigue bajo consideración y que emitirá un informe de estatus dentro de los 14 días posteriores a la audiencia de fianza, para evaluar el impacto de su decisión sobre ese reclamo.
Esta semana, los abogados de Vizguerra presentaron un nuevo argumento, señalando que podría calificar para una forma de libertad condicional humanitaria tras el ingreso de su hija, Luna Baez Vizguerra, a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
La voz de la familia y de los defensores
Tania Vizguerra, una de sus hijas, afirmó en un comunicado que el equipo legal ha presentado argumentos sólidos sobre la violación de los derechos de su madre, sus fuertes lazos comunitarios y la necesidad de que esté con sus hijos menores.
Jennifer Piper, del American Friends Service Committee, ha seguido de cerca el caso y manifestó frustración por la demora judicial.
“No entiendo por qué ha tardado tanto el tribunal en decidir”, dijo. “En este punto, parece muy injusto que no pueda pasar las fiestas con sus hijos y nietos”.
Familiares y simpatizantes ahora esperan que Vizguerra pueda ser liberada antes de Navidad, mientras el caso continúa avanzando en los tribunales federales.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
18 Dec, 2025
