La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump busca equiparar al fentanilo con armas químicas, activar a agencias de defensa y seguridad y aumentar penas contra el narcotráfico, mientras expertos y México advierten sobre el riesgo de militarizar una crisis de salud pública.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un giro radical en su estrategia contra las drogas sintéticas declareando formalmente al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como un arma de destrucción masiva. Este cambio, anunciado mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, marca un cambio profundo en la forma en que el Estado estadounidense pretende manejar una crisis que ha dejado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
La medida tiene como objetivo activar prácticamente todas las herramientas del aparato gubernamental, desde acciones penales más severas hasta la posible intervención de agencias de defensa y seguridad nacional, con el fin de abordar la producción, distribución y financiamiento de este opioide sintético. El fentanilo, altamente potente y de bajo costo, se ha convertido en el principal motor de la crisis de opioides en Estados Unidos y en un enfoque prioritario para las autoridades federales.
De acuerdo con funcionarios encargados de la aplicación de la ley, la nueva designación legal amplía de forma significativa el margen de acción de los fiscales y refuerza los casos contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA en el sector de El Paso, señaló que “esta designación permite a los fiscales solicitar penas más severas contra los narcotraficantes que perseguimos y refuerza el impacto de los casos de narcotráfico que la DEA presenta”.
La orden ejecutiva se respalda, según defensores del plan, en el nivel de peligrosidad del fentanilo, que se compara con armas químicas por su capacidad letal incluso en cantidades mínimas. Briano subrayó la potencia de esta sustancia al señalar que “es 50 veces más poderosa que la heroína, 100 veces más poderosa que la morfina; solo 2 miligramos pueden matar a una persona”. Estas cifras han sido utilizadas por el gobierno para justificar un enfoque más agresivo y punitivo frente a lo que considera una amenaza directa a la seguridad nacional.
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas. Expertos en políticas de drogas y salud pública advierten que la comparación del fentanilo con un arma de destrucción masiva es más simbólica que práctica. Indican que, aunque se trata de una sustancia extremadamente mortal, no ha sido utilizada como un arma deliberada en el sentido tradicional, y que el núcleo del problema sigue siendo una crisis de adicciones que requiere estrategias integrales de prevención, tratamiento y reducción de daños.
Estas críticas fueron respaldadas públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reconoció la necesidad de combatir los delitos asociados al narcotráfico, pero insistió en que el enfoque no puede limitarse a la represión. “Por supuesto que hay que atender los delitos, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se abordan las causas, será el fentanilo, será otra droga, y el consumo continuará”, afirmó.
La orden ejecutiva se produce en un contexto de creciente presencia militar en operaciones antidrogas. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado acciones en aguas internacionales, incluyendo operativos contra varias embarcaciones acusadas de narcotráfico. Para los críticos, esta escalada podría desviar recursos destinados a la salud pública hacia operaciones militares, sin garantizar una reducción real en el consumo de drogas ni en las muertes por sobredosis.
Sheinbaum profundizó en esta visión al señalar que la problemática del fentanilo está estrechamente ligada a factores sociales y de salud mental. “Tiene que ver con salud mental, con apego, con valores, con familia, y con educación. Esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump”, sostuvo la mandataria mexicana, marcando una diferencia clara entre ambos enfoques.
El impacto de esta decisión será especialmente relevante en las zonas fronterizas y en comunidades que ya han sido duramente golpeadas por la crisis de opioides. Regiones como El Paso, en contacto directo con las dinámicas del tráfico transnacional, podrían ver un aumento en operativos, procesos judiciales y la presencia de agencias federales.
Las próximas semanas serán clave para observar cómo se traduce esta política en acciones concretas y si el endurecimiento del discurso y de las herramientas legales logra frenar el flujo del fentanilo o si, como advierten los expertos, la militarización termina eclipsando la atención a una emergencia de salud pública que sigue cobrando vidas a ambos lados de la frontera.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
18 Dec, 2025
