Este viernes, la Corte Suprema anunció que revisará si el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional. Este caso ofrece a los jueces la oportunidad de examinar una ley que se considera firmemente establecida desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, la Corte está abordando de manera directa una controversia que evitó mayormente a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos sobre la manera en que los tribunales inferiores manejaron los cuestionamientos a esta política.
A pesar de que las teorías legales presentadas en la apelación del Gobierno de Trump han sido consideradas marginales incluso por algunos conservadores, el caso captará la atención pública en la sesión de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Representa una prueba más de la disposición de la Corte a aceptar argumentos legales innovadores de la Casa Blanca.
Un fallo a favor de Trump tendría el potencial de alterar un principio fundamental en el derecho constitucional y de inmigración estadounidenses, lo que generaría importantes implicaciones prácticas para los ciudadanos que podrían enfrentar nuevos obstáculos para documentar a sus recién nacidos.
La Corte escuchará los argumentos en este caso el próximo año y probablemente emitirá su decisión para finales de junio.
“Probablemente no haya tema en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto”, comentó Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Tanto si se trata de violaciones a las leyes relevantes como a la propia Decimocuarta Enmienda, o de la interpretación autorizada de esa disposición constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898, la conclusión es la misma”, añadió. “Aunque la Corte apoyó a Trump a principios de este verano al limitar las medidas cautelares, ahora que el caso volverá a ser tratado sobre el fondo, hay razones para pensar que incluso esta Corte podría fallar en su contra; la cuestión real probablemente será sobre cuál de los varios fundamentos posibles lo hará”.
Dos décadas después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema dictó sentencia en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark, determinando que quienes nacen en Estados Unidos —en este caso, el hijo de inmigrantes chinos— tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con solo algunas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump ha argumentado en su apelación que este precedente ha sido malinterpretado a lo largo del tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía consagrada en la opinión de 1898, el Gobierno de Trump ha declarado a la Corte Suprema que esa noción era “errónea” y había tenido “consecuencias destructivas”. La eliminación de la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en un elemento central de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o migrantes ilegales”, argumentó al Tribunal Supremo el procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno.
A pesar de que la Corte Suprema emitió una decisión importante en junio con respecto al decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, ese caso se centró más en cuestiones procesales que sobre la autoridad que tienen los tribunales inferiores para bloquear una política presidencial. Una mayoría de 6-3 limitó —pero no eliminó por completo— la capacidad de los tribunales para detener tales políticas.
Después de la decisión de la Corte Suprema, los tribunales inferiores rápidamente bloquearon nuevamente la política de Trump por otros medios y nunca llegó a implementarse.
Estos tribunales, cuya composición incluye tanto jueces conservadores como progresistas, se han manifestado en contra del decreto del Gobierno.
“Su caso no es más que una mezcla de declaraciones históricas erróneas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas y, más que nada, preferencias políticas”, afirmaron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que representan a los demandantes individuales ante la Corte Suprema este año.
La Corte ha acordado escuchar argumentos sobre el caso de un juez de Nueva Hampshire que prohibió la aplicación del decreto de Trump a cualquier niño afectado por la política en una demanda colectiva presentada por la ACLU.
No obstante, la Corte no aceptó otro caso separado proveniente del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, el cual confirmó la decisión de un juez de Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional en un caso promovido por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia en la aceptación de estos casos probablemente se deba a quién estaba demandando: el caso del Noveno Circuito involucraba la cuestión de si los estados tenían legitimidad para demandar sobre la política.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE” especifica que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de Estados Unidos” a ningún niño nacido en el territorio estadounidense de padres que se encuentren en el país ilegalmente o que estén ahí legalmente, pero de forma temporal.
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Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
5 Dec, 2025
